La trampa del origen de la miel que la nueva ley de etiquetado no va a evitar

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El aceite de oliva y el jamón ibérico suelen protagonizar muchos de los titulares sobre la picaresca de la industria alimentaria a la hora de tomar el pelo a los consumidores para maximizar sus beneficios. Que por el camino se quede el prestigio de algunos de los productos más icónicos del país es, por lo visto, un aspecto secundario para algunas marcas.

Pero la miel merece también un lugar destacado en este triste ranking de prácticas en las que se aprovechan al máximo los resquicios legales para vender lo que en realidad no es.

Hay que desconfiar siempre de la miel muy barata, porque eso significa que se sustituye una parte considerable de la miel real por glucosa, nos contaban hace tiempo productores. El clásico timo del garrafón en la industria del alcohol, pero aplicado a la miel.

Otro gran problema del sector es, como ocurre con muchos otros productos, el origen de la miel. Algo que el Real Decreto sobre la norma de calidad de la miel que el Gobierno acaba de aprobar pretende corregir, incluyendo en la etiqueta la obligatoriedad de indicar el origen o los orígenes de las mieles usadas en el caso de que se trate de una mezcla de ambas.

Resulta sencillamente escandaloso que sea noticia en 2020 que sea obligatorio indicar en la etiqueta de dónde viene algo que nos estamos comiendo. No se trata de una cuestión de seguridad sanitaria, sino de informar al consumidor para que decida si prefiere algo más barato llegado de la otra punta del mundo o apuesta por el producto local.

 

Y aunque la idea parece tan buena como lógica, hay un pequeño problema en esta nueva regulación: no es obligatorio incluir el porcentaje en el caso de mezclas de mieles de diferentes países. ¿Es o no genial?

Porque, traducido a la práctica y usando el mismo ejemplo que han puesto algunas asociaciones de productores, con sólo un 1% de miel de origen español en la etiqueta ya se podría indicar España entre los orígenes. Cierto, habría que indicar también el resto, pero no el porcentaje de cada una (99%, en este ejemplo) ni siquiera enumerarlas en orden según su aportación a la mezcla.

Vaya, que no es un pequeño problema sino un gol que las grandes empresas del sector parecen haber colado al Gobierno y que deja en entredicho la utilidad real de esta normativa. ¿Cómo es posible que ahora que por fin en el pan se tiene que indicar el porcentaje de masa madre o tipo de cereales no se aplique la misma lógica a la miel?

El resultado es que esa miel con solo un 1% de producto local y 99% importado (China es uno de los grandes productores y de donde viene mucha de la miel que se usa para mezclar) que imaginábamos podría etiquetarse con un elegante “miel de España y China”.

Siempre cabe la esperanza de apelar a la desconfianza del consumidor para dar por hecho que cuando lea algo así ya sabe a qué atenerse. Después de todo, si la industria tenía tanto interés por boicotear esta ley, será que algo quería ocultar.

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Autor: Iker Morán

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